Fracaso de los decretos de revisión de precios en obra pública: el 84% de las 131 solicitudes presentadas son ignoradas o rechazadas, sumando pérdidas a las constructoras por valor de más de 6 millones de euros

• El caso de los Ayuntamientos es indignante: la totalidad de solicitudes, 75, ni siquiera se han tramitado (89%) o han sido rechazadas (11%)

• Las pérdidas para las empresas son de 6,1 millones de euros. Es dinero que han puesto injustamente las constructoras por el aumento del precio de los materiales y que no verán compensado, poniendo en riesgo su viabilidad

• La aplicación del decreto autonómico ha resultado un fracaso sin una sola solicitud aceptada. Las empresas se verán obligadas a acudir y colapsar la justicia ordinaria para reclamar el reequilibrio económico de los contratos

• La Confederación Nacional de la Construcción, a nivel nacional, ha solicitado una prórroga de la revisión estatal que termina en marzo, para evitar una cascada de licitaciones desiertas

La Asociación de Constructores de Baleares ha realizado un estudio de las solicitudes presentadas en Baleares de revisión excepcional de precios en obra pública, tanto por el RDL 3/2022 del Gobierno central, como por el DL 4/2022 del Govern de les Illes Balears. Los resultados son tremendamente negativos, evidenciando el fracaso de la aplicación de estos decretos. El 84% de las solicitudes han sido ignoradas (75%) o rechazadas (9%) por parte de las administraciones. Se han presentado 131 reclamaciones ante 43 órganos de contratación. 98 no han obtenido respuesta, lo que supone, de facto, por el silenció negativo de la administración, su rechazo, sin ni siquiera haber sido tramitadas.  12 han obtenido una respuesta negativa y 21 se han aceptado. Cabe destacar que todas las solicitudes presentadas por el decreto autonómico, 52, no han sido tramitadas (88%) o se han rechazado (12%)

Una actitud indignante de los Ayuntamientos

Como ya veníamos denunciando y hemos podido comprobar con hechos, los equipos de gobierno de los ayuntamientos están teniendo un comportamiento indigno y de nula solidaridad y empatía con los sobrecostes asumidos injustamente por las empresas por un aumento del precio de los materiales no reflejado en los contratos. El 100% de las solicitudes no han obtenido respuesta (89%) o han sido rechazadas (11%). Todas las buenas palabras y compromisos adquiridos a finales del año pasado por parte de la FELIB y de algunos de los principales consistorios de las islas han quedado en nada, dejando a las empresas a su suerte. No entendemos como los políticos pueden declarar públicamente estar al lado de las empresas y después no querer aplicar las revisiones y compensaciones a las que tienen derecho las empresas legítimamente. Algunos consistorios incluso han alegado que no pueden tramitar las solicitudes al no haberse adherido a los decretos cuando según la ley están obligados a ello.

La excepción positiva entre todas las administraciones: El IBAVI

Como única nota positiva queremos destacar el compromiso que desde el primer momento ha mostrado el IBAVI y su responsabilidad con las empresas. De 18 solicitudes presentadas a este organismo, 16 se han resuelto favorablemente y tan solo 2 están todavía sin respuesta. Es un claro ejemplo para los demás organismos de contratación que las cosas se pueden hacer correctamente si hay voluntad para ello.  Si no fuera por el IBAVI, hablaríamos de un fracaso absoluto de la revisión de precios.

Pérdidas injustas e inasumibles que acabarán en los juzgados

Sumando las cantidades de las solicitudes sin respuesta y rechazadas, las pérdidas de las empresas superan los 6 millones de euros. Es dinero que va a parar directamente en el negativo de la cuenta de resultados de forma totalmente injusta porque obliga a la constructora a tener que asumir unos sobrecostes que el propio decreto estatal en su exposición de motivos afirma que se altera el equilibrio del contrato por un encarecimiento extraordinario de los precios de los materiales que excede en lo incluido en el riesgo y ventura del empresario.  Esta actitud insolidaria de los ayuntamientos y otras administraciones obligará a las contratistas a convertir todas las reclamaciones en demandas en los juzgados para poder obtener el reequilibrio económico de los contratos recogido en la Ley de Contratación del Sector Público.

Solicitudes por órgano de contratación:

La construcción, un sector sin ayudas

A diferencia de otros sectores como el transporte de mercancías y otros muchos, la construcción no ha recibido ayudas directas. Se da la paradoja, que una empresa de alquiler de camiones volquete si ha recibido la ayuda directa por vehículo para compensar el alza de los combustibles. En cambio, una constructora, con los mismos camiones y realizando la misma actividad que ellos, no ha podido acceder a la ayuda por su código CNAE. A esto hay que añadir la crisis energética que hemos padecido por la invasión de Ucrania y la negativa por parte del Estado de revisar los precios de la energía. El precio del diésel está volviendo a subir y además las constructoras no se pueden ya beneficiar del descuento de 20 céntimos del Estado, a pesar de hacer un uso intensivo de camiones y maquinaria.  Es un golpe más a los gastos de las empresas que no se está viendo compensado.

Es necesario prorrogar y mejorar el RDL 3/2022

El Estado ha tumbado el decreto balear de revisión de precios de las obras públicas. Centenares de obras quedarán sin compensación porque ya estaban excluidas del decreto estatal. La aplicación del decreto balear ha resultado un fracaso, llevando a una delicada situación a las constructoras que han sufragado de su bolsillo injustamente los incrementos de precios. Solo queda el RDL 3/2022 estatal, pero caduca en marzo. Desde la Confederación Nacional de la Construcción, se ha reclamado al estado que prorrogue el decreto y lo mejore, incluyendo la mano de obra, la energía y los contratos de conservación y mantenimiento, servicios y de concesiones; así como eliminar o suavizar otras. También solicitan que sea eliminado el umbral de acceso a la revisión del 5% y el límite del 20% en el cálculo de la misma. La revisión de precios debería incluirse como un sistema estable dentro de la ley de Contratos del Sector Público.

Si no se prorroga la revisión excepcional de precios, el sector prevé seguir acumulando licitaciones desiertas. En el último año, hemos asistido a un hecho insólito: 102 obras por valor de 96,4 millones de euros han quedado desiertas. Muchas de estas obras se financian con fondos europeos Next Generation que se pueden perder si no se ejecutan. Al tener las empresas menos opciones de ver compensadas sus pérdidas, se lo pensarán dos veces antes de presentarse a una licitación.