Marta Rossell, socia directora de Buades Legal y la abogada, Aina Sbert, realizan una jornada para la Asociación de Constructores para resolver las dudas sobre su implantación
El pasado 20 de febrero de 2023 fue aprobada la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Es la transposición de la conocida directiva europea whistleblowing, convirtiendo en obligatorio el Canal de Denuncias. Hasta el 13 de junio de 2023 lo han tenido que implantar las empresas de más de 249 empleados, aquellas obligadas por su actividad o volumen de negocio, administraciones y entidades públicas. Las empresas entre 50 y 249 empleados y municipios de menos de 10.000 habitantes tienen de plazo hasta el 1 de diciembre del 2023. El objetivo que persigue la norma es proteger a los informantes, potenciando y facilitando la comunicación de irregularidades, acciones y omisiones que pueden ser constitutivas tanto de infracciones penales como administrativas graves o muy graves por parte de los trabajadores y en general, de cualquier persona que se encuentre directa o indirectamente vinculada con la organización en la que se cometa. A sí mismo, la ley establece la gestión adecuada y las normas mínimas de los sistemas internos, los cuales deberán satisfacer ciertas exigencias: su uso debe ser asequible, debe garantizar la confidencialidad, prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante. Las comunicaciones se pueden efectuar tanto por escrito como verbalmente y se crea la figura indispensable para los sistemas internos de información de un responsable para su correcto funcionamiento.
