Por primera vez en Baleares, los ayuntamientos de Palma y Manacor han sido pioneros en conceder licencias a través de la colaboración con ECUs, reduciendo a entre uno y tres meses plazos que antes se alargaban años
Históricamente, hablar de licencias urbanísticas en Baleares ha sido sinónimo de paciencia, de expedientes acumulados y de años de espera. Sin embargo, gracias a la Ley de Simplificación Administrativa y a la implantación de las Entidades de Colaboración Urbanística, se ha pasado de esperas de años a la posibilidad de poder obtener una licencia en un intervalo de entre uno y tres meses.
Tras las palabras de bienvenida de Climent Olives, presidente del Asociación de Constructores de Baleares y de Óscar Carreras, presidente de PROINBA, la jornada empezó con la intervención de Paz Andrade, directora general de Armonización Urbanística del GOIB. Ella expuso la habilitación legal de las ECU. Es decir, el encaje jurídico que ha permitido esta necesaria colaboración público-privada.
La ponente subrayó que el suelo en las islas está mayoritariamente en manos privadas y que la administración pública no tiene capacidad suficiente para generar la vivienda necesaria por sí sola. Afirmó que sin la colaboración de los promotores privados es imposible crear tanto vivienda privada como pública, ya que ambas van ligadas. A través de la ley de simplificación, se autorizó la actividad de las ECUs. El actual gobierno implementó estas medidas tras escuchar las peticiones del sector para dotar de agilidad a los ayuntamientos y acelerar la concesión de licencias. Mencionó que este sistema ya existe en otras comunidades desde hace años. Baleares ha aprovechado esta experiencia para evitar errores del pasado, como el caso de Madrid, donde inicialmente solo se externalizaba el informe técnico y no el jurídico, lo que acababa provocando los mismos retrasos. Andrade aclaró que el proceso es una externalización de funciones, no una privatización, ya que la administración pública sigue siendo la titular y responsable de las funciones urbanísticas. Señaló que el gran problema es que las administraciones sufren una falta crónica de personal técnico y una alta movilidad. La ponente recordó que un técnico nuevo necesita al menos un año de rodaje para conocer la normativa específica de un municipio. También destacó que los técnicos municipales están desbordados por la cantidad de informes sectoriales necesarios (recursos hídricos, patrimonio, etc.), lo que hace «imposible» cumplir los plazos legales para una licencia. El objetivo final es mejorar la percepción ciudadana de la administración. Al reducir las esperas de años por una licencia, se evita el concepto negativo de una administración lenta e ineficaz. Explicó que las ECUs son personas jurídicas de carácter privado que prestan un servicio a cambio de una remuneración económica. Aclaró que sí pueden trabajar en procedimientos de legalización en suelo rústico, ya que estos expedientes están exonerados de la declaración de «interés general».
Los ayuntamientos de Palma y Manacor
Pero la ley solo es papel mojado si no se aplica. Por eso, la jornada contó con la experiencia de dos importantes ayuntamientos que ya están liderando este cambio al ser los primeros en las islas en conceder licencias a través de las ECUs.
Primero, desde el Ayuntamiento de Palma, intervino su regidor de urbanismo, Óscar Fidalgo, junto a Esperanza Espina y María Escamez, piezas clave en la gestión técnica.
Fidalgo subrayó que España, y específicamente Baleares, enfrenta un grave problema de acceso a la vivienda. Definió la ley de Simplificación como una respuesta «alternativa e imaginativa» para agilizar la tramitación de licencias y expedientes urbanísticos en un momento social y político crítico. Afirmó que el objetivo no es solo la eficacia, sino la velocidad. Reducir los plazos de concesión de licencias permite ahorrar costes financieros significativos tanto para promotores como para el ciudadano final. Puso como ejemplo que no es lo mismo financiar un solar durante dos años y medio que hacerlo durante periodos mucho más cortos gracias a la intervención de una ECU. Fidalgo destacó que el sistema de Palma se inspira fuertemente en el de Madrid, donde actualmente más de 7 de cada 10 licencias se tramitan a través de entidades colaboradoras y defendió que este modelo no es una privatización del servicio público, sino una «colaboración social» similar a la que existe en la Ley General Tributaria, donde agentes externos colaboran con la administración para resolver expedientes. Fidalgo argumentó que las ECU permiten eliminar los «cuellos de botella» en trámites mecánicos. Esto libera a los funcionarios municipales para que puedan dedicarse a labores de mayor valor añadido: planificación, supervisión y resolución de grandes expedientes. Reconoció que la administración suele ser «conservadora» y resistente a los cambios, pero afirmó que la colaboración público-privada es necesaria para cumplir con los plazos que la sociedad demanda, pasar de años de espera a los tres meses legales. Animó a los arquitectos y promotores a utilizar este mecanismo, mencionando que ya hay casos en Palma de proyectos que han pasado del canal ordinario al sistema de ECU para acortar drásticamente sus tiempos de espera.
También, estuvo presente el Ayuntamiento de Manacor, de la mano de la regidora Núria Hinojosa y la técnica de licencias urbanísticas, Sara Encinas.
Hinojosa enfatizó que el papel de los responsables políticos es dar certezas y estabilidad. Defendió la figura de las ECUs como una pieza clave para que la administración sea más ágil, pero subrayó la importancia de la corresponsabilidad entre los funcionarios y los promotores o profesionales del sector. Expuso que Manacor tiene actualmente 10 licencias tramitadas vía ECU y otras 2 en camino. Matizó que el Ayuntamiento de Manacor decidió en pleno no incluir las licencias de primera ocupación dentro del ámbito de las ECUs porque prefieren mantener el control directo municipal en esta fase final para verificar la legalidad de las obras terminadas, argumentando que en este trámite no sufren retrasos significativos. Hinojosa advirtió que todavía existe mucha confusión sobre quién contrata a las ECUs. Aclaró que es el promotor particular quien las contrata, y que el Ayuntamiento no tiene ninguna relación profesional o económica con estas entidades. Añadió que, para solucionar estas dudas, el Ayuntamiento ha redactado una guía informativa (la primera de este tipo) que han distribuido entre arquitectos y profesionales del sector para explicar cómo funciona el «circuito» administrativo de una ECU.
Destacó que este sistema no solo beneficia al ciudadano, sino que ayuda a que los funcionarios municipales estén más motivados, al contar con expedientes mejor preparados que les permiten ofrecer un mejor servicio público. El proceso comienza cuando el promotor presenta el Certificado de Conformidad de la ECU junto con el proyecto en el registro municipal. Explicó que han diseñado un «circuito» específico para que estos expedientes no se mezclen con la tramitación ordinaria. Si el expediente llega con el certificado de la ECU y está completo, se deriva directamente a los servicios jurídicos para preparar el decreto de aprobación. Defendió que Manacor ha apostado por las ECUs y al mismo tiempo defendió que los ayuntamientos deben ser fuertes y tener las herramientas necesarias para poder hacer su labor.
La experiencia de 3 ECUs
Finalmente, se pasó a la práctica en una mesa redonda para analizar el funcionamiento de las ECU con tres de ellas. En conjunto, estas entidades expusieron que se encontraban tramitando más de 150 expedientes en esos momentos. AECLU, representada por Maria Barreiro y Noelia Fernández explicó que los ciudadanos prefieren este sistema por su agilidad, y los ayuntamientos también lo valoran positivamente una vez superada la reticencia inicial. Cuentan con más de 16 años de experiencia en la tramitación de expedientes y disponen de un equipo multidisciplinar que incluye arquitectos, ingenieros y juristas. El flujo de trabajo sigue pasos y tiempos muy estrictos para garantizar la rapidez. Una vez recibido el proyecto, la revisión técnica y normativa se realiza en un plazo de 15 días. Si se detectan errores, el interesado tiene hasta 5 meses para corregirlos. Tras las correcciones, la entidad tiene otros 15 días para verificar los cambios. Se emite un informe técnico y jurídico favorable que es equivalente al administrativo en cuanto a contenido (superficie, uso, plantas, etc.). Aseguran que ofrecen la misma seguridad que la administración pública al ser expertos en urbanismo. El servicio incluye comunicación constante con el cliente para resolver dudas durante todo el proceso.
Xisco Ramis por parte de EPCU ADDIENT, explicó que desde 2010 operan como ECU (Entidad Colaboradora Urbanística) en Madrid, siendo pioneros en el modelo de colaboración público-privada. Cuentan con una plantilla de más de 120 profesionales, incluyendo arquitectos, ingenieros y abogados. La entidad realiza los informes técnicos y jurídicos que antes hacían los servicios municipales. Una vez el informe es favorable, emiten un Certificado de Conformidad Urbanística. Este certificado, junto con el proyecto sellado, se entrega al ayuntamiento y pasa directamente a la Junta de Gobierno para su aprobación, agilizando el paso por los técnicos municipales. Revisan desde el inicio las autorizaciones sectoriales (como informes de recursos hídricos) para evitar que el promotor pierda meses de espera si se solicitan tarde. Mencionó que Santa Maria es el único municipio que ha decidido no trabajar con ECUs. En Manacor y Pollença tienen limitaciones específicas (por ejemplo, en licencias de primera ocupación o edificios catalogados). No pueden actuar en suelo rústico si se trata de una nueva edificación o cambio de uso a vivienda. Sí pueden intervenir en obras de reforma o ampliación en este tipo de suelo.
Pilar Revés, de AUCATEL expuso que la palabra clave es colaboración. El objetivo no es sustituir el criterio de los ayuntamientos, sino trabajar de forma ágil y conjunta con ellos para facilitar los procesos. Aunque llevan menos de un año establecidos en Baleares, cuentan con experiencia desde 2010 en Madrid. El equipo es multidisciplinar, formado por arquitectos, abogados e ingenieros. Se someten a controles de auditoría constantes para garantizar la calidad del servicio. El trabajo se divide en tres momentos críticos, cada uno con su propia tarifa independiente: Comprobación documental inicial para la obtención de la licencia, Informes sobre modificaciones durante el transcurso de las obras y Licencia de primera ocupación. Destacó la excelente recepción que han tenido en varios municipios de Mallorca, mencionando específicamente a Manacor (que les abrió las puertas rápidamente), Artà, Muro, Llucmajor, Santanyí, Felanitx y Andratx.
